Artículo publicado el pasado 10 de mayo en abc.es Sevilla
Mariano López de Ayala, Director de Cáritas Sevilla
Nuestras entidades actúan de manera
subsidiaria y ante situaciones a las que a la Administración le cuesta llegar.
Ha contado el mismo Papa Francisco que
cuando la votación de los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina
dio como resultado su elección como Obispo de Roma, teniendo a su lado al
brasileño cardenal Hummes, éste le abrazó y le dijo: «Jorge, no te olvides de
los pobres».
Próximamente en
el largo año electoral, los ciudadanos vamos a ser convocados a elegir nuestros
nuevos ayuntamientos. Existen muchos factores que influyen en la decisión
de voto de cada elector. Me gustaría llamar la atención sobre un aspecto que
para muchos pasará desapercibido o no ocupará el lugar prioritario que ocupan
otros. Me refiero a que a la hora de tomar esa importante decisión nos fijemos
de manera especial en lo que los distintos partidos proponen sobre las
políticas sociales, es decir, aquellas que van dirigidas a la corrección de las
desigualdades sociales, a la lucha contra la exclusión social y la pobreza, a
las políticas dirigidas a la integración en favor de los colectivos más
desfavorecidos... Y aunque los ayuntamientos sobre esta materia tienen
competencias compartidas, y en nuestro sistema político son las comunidades
autónomas las responsables directas de dichas políticas, las administraciones
locales tienen un amplio margen de maniobra y pueden, en este sentido, adoptar
medidas sobre todo presupuestarias, que apuesten por hacer de estas políticas
una de sus prioridades.
Cáritas y otras
entidades sociales pensamos que los próximos comicios
ofrecen, a todas las fuerzas políticas y agentes sociales, una oportunidad
para avanzar en la superación de una situación social especialmente delicada y
cuyo alcance sobre las personas más desfavorecidas es públicamente conocido.
Llevamos mucho tiempo llamando la atención sobre cómo la crisis económica no
ha afectado a todos por igual y que, junto a quienes apenas han sufrido sus
consecuencias o incluso algunos se han beneficiado de la misma, han sido las
personas y colectivos que ya se encontraban en peores circunstancias, los que
han visto aumentar su situación de pobreza y exclusión. Recordemos que el
reciente informe Foessa, publicado por Caritas Española señala que 2,1
millones de andaluces (700.000 hogares) viven en situación de exclusión social
y de ellos, un millón de personas (334.000 hogares) vive en situación de
exclusión severa. Sólo un tercio de la población de Andalucía vive plenamente
integrada y no sufre alguno de los factores que causan la situación de
exclusión.
Los números a veces
resultan fríos y nos insensibilizan. Las estadísticas no tienen rostro.
Acostumbrémonos a poner cara a esas cifras; detrás de ellas hay miles de historias personales que afectan a seres
humanos, niños,
jóvenes adultos y ancianos que sufren esas situaciones; personas para los que
la crisis económica no ha supuesto ni un índice en la prima de riesgo, ni la
pérdida de unos puntos en la remuneración de sus ahorros ni tampoco tener
que prescindir de algunos caprichos o reducir en ocio o viajes, sino algo más
importante, la posibilidad de alimentarse adecuadamente, poder pagar un recibo
de luz o gas, no perder su vivienda o poder pagar el alquiler... en definitiva,
poder atender sus necesidades básicas y vivir con dignidad.
A la luz de
todos estos síntomas, que muchas organizaciones hemos destacado
y denunciado y contra las que seguimos luchando (muchas veces por encima de
nuestra posibilidades y responsabilidades ante muchas dejaciones y olvidos de
los poderes públicos), es necesario sentar las bases de un nuevo modelo social
que los más empobrecidos nos están reclamando. La actual situación social
exige respuestas valientes, generosas e imaginativas. Urge establecer un nuevo
orden de prioridades por parte del conjunto de los poderes públicos que permita
abordar, con auténtica visión de futuro y de manera sólida, la solución de las
asignaturas todavía pendientes en la estructura social, que han impedido de
forma recurrente, en las tres últimas décadas, el acceso a unas mínimas
condiciones de bienestar y de dignidad de una parte importante de ciudadanos y
ciudadanas que siguen viviendo por debajo del umbral de pobreza Los servicios
sociales públicos no pueden ser la cenicienta de nuestras administraciones y
particularmente de muchos de nuestros ayuntamientos. Esos servicios, junto a
las entidades del tercer sector, resultan imprescindibles frente a los problemas de
aislamiento y al debilitamiento de los apoyos familiares. Sin ellos, es imposible
construir una sociedad integrada y justa. Y dichos servicios no pueden
reducirse a la mera gestión de las prestaciones económicas, sino que deben
ayudar y facilitar la promoción y el empoderamiento de las personas.
Las entidades de acción
social, entre las que se incluye Caritas, hemos asistido con preocupación a
los recortes que en los últimos años han afectado a los servicios sociales
públicos, asumiendo, en muchas ocasiones, competencias y acciones que no nos
correspondían. Creemos y exigimos unos servicios públicos bien dotados,
personal y presupuestariamente. Nuestras entidades actúan de manera
subsidiaria y ante situaciones a las que la Administración le cuesta llegar,
pero ni queremos ni debemos sustituir la acción pública. Estas preocupaciones,
ante la situación de muchos de nuestros conciudadanos y las políticas que desde
las distintas formaciones políticas se propongan para superarlas, deberían
estar en nuestro horizonte a la hora elegir nuestras opciones. La caridad, como
virtud de particular importancia para los cristianos, es también caridad
política que se preocupa de las estructuras sociales y busca construir una
sociedad más justa. Y el ejercicio del voto es quizá una de las expresiones y
contribuciones más destacadas. Por último, no olvidemos que «la opción
preferencial por los pobres» no es un postulado de una corriente teológica,
sino un principio que nace del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, y
que particularmente ha venido subrayando las enseñanzas de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Dicha opción debe aplicarse en nuestras
responsabilidades sociales y, consiguientemente en nuestro modo de vivir y en
las decisiones que debemos tomar.